GENDARMERÍA PODRÍA CUSTODIAR LAS CALLES DE SAN RAFAEL

Los resonantes hechos de inseguridad que golpearon la puerta del Gobierno de Mendoza la semana pasada derivaron en una serie de medidas que hoy anunciará el propio Francisco Pérez, con el objetivo de paliar un flagelo que ha sido el “cuco” de las últimas gestiones en la provincia.
Una de las decisiones que el Ejecutivo ha tomado tiene que ver con el regreso de efectivos de Gendarmería Nacional a custodiar las calles del Gran Mendoza, tal como sucedió un tiempo atrás durante el Gobierno de Celso Jaque.
A diferencia de aquella ocasión, Pérez en conjunto con el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, habría evaluado la posibilidad de que los uniformados de la fuerza dependiente del Gobierno Nacional desembarquen en cada uno de los departamentos de Mendoza para frenar el incremento de la delincuencia que se viene registrando sin pausas hace mucho tiempo. Cuando Jaque dispuso dicha medida la misma estaba dirigida solo a la Capital provincial.
Esto significaría que en los próximos días la Gendarmería camine distintos sectores de San Rafael en consonancia con la Policía de Mendoza, diagramando maniobras operativas en aquellas zonas denominadas “conflictivas” de nuestro departamento, como así también controlando la zona céntrica y accesos a San Rafael.
Si se cumple esta medida de Pérez, sería la primera vez que a nuestro departamento arribe una fuerza extra a la Policía para reforzar la seguridad que, teniendo en cuenta los últimos hechos, está endeble en San Rafael y necesita ser remediada de manera urgente.
Más allá de que aún nos separa una brecha con el Gran Mendoza en cuanto a la magnitud de los hechos delictivos, San Rafael ya no es aquel “paraíso” de años atrás, sino que han surgido distintos tipos de delitos que principalmente están direccionados hacia el robo de viviendas y en menor medida asaltos a mano armada.
La idea –en principio- es que arribe la Gendarmería para amedrentar la actividad de quienes delinquen y estos sepan que será castigada su actitud, claro, siempre y cuando la Justicia también se tome de la mano del Gobierno para volcar ese flagelo que castiga a quienes dignamente se ganan la vida.
Es un clásico ya oír los quejidos policiales acerca del criterio judicial para con los delincuentes, muchos de ellos beneficiados por algunos fallos donde no se les aplica el castigo correspondiente.
También la Policía debe rever algunas situaciones para cambiar esta historia y esto, entre otras cosas, tiene que ver con que un mayor número de uniformados esté destinado a la prevención del delito, la principal función de esa fuerza. De esta forma y sin desmerecer el buen trabajo que en ese sector se viene realizando, no sería descabellado afectar a efectivos viales a tareas operativas o a otros auxiliares de la ley que trabajan en oficinas, relegando dicha actividad a uniformados retirados o civiles.
Hay que “patear el tablero” urgente en contra de quienes delinquen y para eso es fundamental el aporte de cada una de las patas del Estado, con el compromiso de quienes nos gobiernan pero también con responsabilidad por parte de quienes idean las leyes y de los que deben castigar su incumplimiento.